COMUNICADO DE PRENSA

A propósito de una nota radial emitida ayer, 5 de mayo, en la cual se hace alusión a la intervención de un delegado de la Presidencia de la República ante el Concejo Municipal de Gachancipá, la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y las Regiones se permite hacer las siguientes precisiones:

1. Que corresponde al Alto Consejero para la Competitividad y las Regiones “Apoyar al Gobierno Nacional en la promoción de la inversión extranjera en el país, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” (literal b) del Decreto 3737 del 24 de septiembre de 2008).
2. Que la Consejería Presidencial para las Regiones ha sido, desde el comienzo del Gobierno, la oficina de la Presidencia de la República encargada de canalizar las inquietudes de los gobiernos departamentales y municipales al orden nacional y viceversa. También es función de esta Alta Consejería promover proyectos que mejoren la competitividad de las regiones así como su capacidad de atraer inversión, generar empleo y producir bienes y prestar servicios competitivos en los mercados internacionales.
3. Que ante la expectativa de localización de una inversión chilena en el municipio de Gachancipá, la gestión de la Alta Consejería fue informar, a través del señor Julio Rodríguez al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y solicitar que se comunicaran con el Alcalde de Gachancipá,
4. Que en el Ministerio el señor Rodríguez atendió la solicitud, llamó al Alcalde y aceptó su invitación a participar en una sesión del Concejo con el fin de explicar la importancia de atraer y propiciar nueva inversión para la región.
5. Que el señor Francisco Uribe, mencionado en la nota radial, es abogado de la firma Brigard & Urrutia, representantes en Colombia de los inversionistas chilenos, y no tiene parentesco o relación alguna con los jóvenes Tomás y Jerónimo Uribe Moreno ni con la Presidencia de la República.
6. La actuación de la Alta  Consejería Presidencial para la Competitividad y las Regiones, en este caso particular, fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que se estudie si las actuaciones de este despacho se ajustan a las funciones encomendadas.